El ambientalismo creció como movimiento social a partir la década de los 60, pero la conciencia ecológica tiene antecedentes un siglo atrás. Uno de los resultados de la preocupación que manifestaron los ambientalistas del siglo XIX es la creación de los primeros parques nacionales. Se dice que aquel ecologismo hundía las raíces en las ideas románticas de la época. La actitud conservacionista se movía por una visión estética de la naturaleza y por la adoración hacia lo salvaje. La idea de preservar el medio natural se plasmó en parques protegidos que, en su momento, reflejaban una particular estructura social, pues respondían a fines estéticos y didácticos a la medida de las clases altas. No en vano algunos de estos territorios fueron conservados por la iniciativa de filántropos que los adquirieron y cedieron a la administración pública. El millonario Rockefeller regaló al gobierno una parte del parque de Yellowstone, uno de los más bellos de Norteamérica. Alrededor de la década de 1880 se inicia la creación de reservas faunísticas en Estados Unidos y Europa, los primeros pasos de las actuales redes de Parques Nacionales que se han extendido por todo el mundo. Con el tiempo, el interés romántico ha dado paso a fines científicos, sin olvidar el uso turístico que se ha desarrollado paralelo a la popularización de la necesidad de consumir medio ambiente. Un turismo asociado a la contemplación de las bellezas naturales y de la diversidad de paisajes.
Los parques nacionales son un símbolo del conservacionismo natural. Al constituir el más alto nivel de protección, son la punta de lanza de un conjunto de denominaciones y categorías que llenan de contenido la política de espacios naturales de un país: parques naturales, reservas, paisajes protegidos, monumentos naturales. La naturaleza es un patrimonio a gestionar por los habitantes actuales pensando en las generaciones futuras. En la práctica, toda gestión pública de estos espacios tiene que afrontar el reto de compatibilizar el principio de conservación con el aprovechamiento, más o menos tradicional, que la población local puede hacer de los recursos. Esta cuestión clave para el futuro de los parques nacionales, en la que conservar la biodiversidad debe considerarse objetivo prioritario, forma parte de la controversia que existe sobre la gestión de la Red de Parques Nacionales españoles. Una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del 2004 ha establecido que la gestión de cada parque la realicen de forma exclusiva las administraciones autonómicas. Esta descentralización responde a un mandato de la Constitución de 1978 que se va a cumplir ahora tras la resolución de un conflicto de competencias y por la reclamación de las comunidades de Andalucía y Aragón. Los 13 espacios que forman la red de parques nacionales mantendrán el rango de «interés general de la nación» aunque gestionados por las 10 comunidades autónomas en las que se encuentran.
El traspaso de la gestión no debería plantear grandes problemas. Sin embargo, no es menor la dificultad de lograr un acuerdo entre los niveles de la administración afectados acerca de la dotación económica del traspaso. En algún caso, como ocurre en los Picos de Europa, hay hasta tres comunidades autónomas que asumen de manera conjunta la dirección de un parque nacional. La descentralización tiene indudables ventajas que son también aplicables a la gestión de la protección natural. Que sea una administración más cercana la que se haga cargo de esta política supone una mejor atención de las demandas ciudadanas y una mayor eficiencia en la gestión pública. Pero el reconocimiento de las competencias autonómicas no tiene por qué ser incompatible con la existencia de una red que coordine los objetivos de los parques nacionales. Las organizaciones ecologistas han respondido, de manera crítica, que puede perderse la unidad de criterio y que abandonar el sistema de co-gestión actual implica adoptar un modelo menos participativo y más sensible a las presiones de los agentes locales. Dicen que dejarlo todo en manos de los gobierno regionales puede hacer que primen los intereses locales frente a los medioambientales. Es un riesgo, pero la opción de la gestión autonómica no es necesariamente así. Esté lejos o cerca la administración competente de los parques nacionales, la exigencia para que sean bien gestionados deberá ser la misma.