Ese debe de ser el gran sueño de todo fundamentalista, tener la potestad de hacer ley la moral propia. Por eso mismo, la noticia que atrajo la atención de los medios hace unas semanas debió de causar profundo regocijo a nuestros talibanes: un científico español plantea marcharse a otro país para poder continuar con sus investigaciones, al impedirle el Gobierno el uso con fines terapéuticos de células madre embrionarias. Bernat Soria se ha librado de la hoguera, pero va a engrosar tristemente la lista de investigadores que no encuentran en España el incentivo suficiente a su actividad. Y él, además, con el añadido de haber padecido vergonzantes trabas a su trabajo. En un interesante artículo explicaba con bastante claridad el objeto de tanta controversia.
No por sabido resulta menos indignante: que la Conferencia Episcopal ejerza tal influencia en los avances científicos nos sigue sirviendo de recordatorio de que la sociedad aún debe seguir su evolución hacia una mayor independencia de las confesiones religiosas. Es comprensible que los jerarcas del catolicismo prefieran una sociedad que secunde fielmente sus recomendaciones, pero no lo es que las autoridades políticas nos muestren de vez en cuando la patita desde su «caverna», siguiendo a pies juntillas a los obispos, y pretendan que aplaudamos la torpeza y la ignominia de una decisión tan reaccionaria como esta, y como tantas otras. Conseguirán su cometido, frenar la marcha de la ciencia, pero no que ésta se detenga.