Al alba, con tiempo duro de Levante…

Poco ha importado la dirección del viento. Y el lírico Trillo no ha tenido la necesidad de glosar esta vez la matutina actuación de desalojo con su frase para la historia: ‘Al alba…’. En Perejil estaba en juego la Patria. Aquí únicamente el futuro de 273 personas que venían huyendo de la miseria y se han encontrado en la ansiada tierra europea con una encerrona en toda regla. El encierro de inmigrantes en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha terminado dos meses después de su comienzo con una efectiva intervención policial tras la petición del Rectorado. Era el final previsible, y claramente poco deseable: mejor sería que hubieran salido por su propia voluntad. Pero hay motivos sobrados para esta decisión: es un mal menor que ha acabado con el triste espectáculo de un encierro convertido en desesperanzada prisión para menos de la mitad de los inmigrantes que iniciaron la reivindicación en junio.

Y es que desde el principio se podía aventurar que medidas de protesta como la organizada en este campus no tienen ya futuro. Es inviable una regularización colectiva cuando el Gobierno está obligado a cumplir la ley y no parece estar dispuesto a realizar discriminatorias excepciones para resolver situaciones como la que se presentó en vísperas de la Cumbre de Sevilla. Si en algo hay consenso en la UE es en mantener la legalidad como requisito de una inmigración que llega a esta sociedad demandada por su mercado de trabajo e impulsada por el irrefrenable deseo de mejorar las condiciones de vida. La protesta contra las políticas inmigratorias restrictivas no pueden seguir alentando montajes de este tipo en los que los inmigrantes no obtienen beneficio alguno y la sociedad se queda, entre la indiferencia lindante con el rechazo y una lógica solidaridad con los encerrados, con una imagen de la inmigración que no aporta nada y puede ser incluso contraproducente.

Había un oportunismo inicial que podía presentar el encierro como símbolo de oposición a la política del Gobierno. Algunos, con el devenir de los hechos, siguen creyendo su conspirativa hipótesis de que la Junta de Andalucía, el PSOE y la Universidad lo organizaron todo: indigencia explicativa que no llega a captar la fuerza de la desesperación en quienes trabajan con la invisibilidad del ‘sin papeles’ a cuestas. La economía sumergida, que absorbe ávida toda esa mano de obra barata: un núcleo principal del problema que algún día tendrá que ser abordado en serio, por cierto. La Rectora Valpuesta ha actuado, soportando duros ataques, con cierta coherencia. Se ha intentado propiciar una resolución del conflicto aportando ayuda jurídica a los inmigrantes. La mayor parte de ellos ha iniciado trámites para obtener documentación de manera individualizada y la mediación ha permitido que en estos dos meses el encierro fuera menguando paulatinamente.

Pero la irresoluble situación de un último grupo ha desencadenado que estas últimas semanas fuera ya insostenible una reivindicación sin objetivos factibles y manipulada por intereses ajenos al futuro de los inmigrantes. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha venido dejando claro tras finalizar su tarea de mediador que algunos ‘líderes’ del grupo presionaban a los demás para mantener el encierro incomprensiblemente. La coacción ha impedido incluso la atención médica que algunos de ellos precisaban. Es evidente que la libertad individual de muchos de estos inmigrantes ha estado sometida a la utilización del encierro como arma de ‘lucha’ por parte de algunos. La manipulación nos lleva al engaño de quienes desde la ‘organización’ prometieron a todos los que se unieran a esta medida de fuerza que les conseguirían papeles.

Queda en entredicho lo realizado por esa extraña ‘red de apoyo’, compuesta por organizaciones que por sí mismas desmerecen ser comparadas con otras ONG’s cuyo trabajo en el campo de la inmigración es tan meritorio. Aunque seguramente no asumirán su responsabilidad como pretendidos ‘defensores’ de los derechos de los inmigrantes. Sólo han conseguido ‘jugar a ser revolucionarios’, como ha dicho el consejero de Gobernación de la Junta. Mantener una ficticia batalla como luchadores por los Derechos Humanos, olvidándose precisamente de esos derechos e intereses de los inmigrantes que dicen representar y que han sido utilizados para la autocomplacencia de unos pocos militantes seudosolidarios. No habría que olvidar estas palabras de Chamizo, que tan encomiable labor ha desarrollado en esta ocasión con el sensato respaldo político del gobierno autonómico, como conclusión: «Lo peor de este encierro es que nos hemos enfrascado en muchas batallas y nos hemos olvidado de lo básico, y es que vienen aquí huyendo de la miseria».