El derecho al agua (I)
El agua es un bien vital al que no tienen acceso 1.500 millones de personas. La tendencia que el desarrollo de las economías más avanzadas apunta para el futuro es hacia la consolidación de la ‘mercantilización’ del agua: convertida en bien económico, el acceso a ella dependerá del criterio ‘justo’ del precio establecido a través de mecanismos de mercado. Nunca hemos considerado el agua como lo que realmente es: un bien común universal, patrimonio vital de la humanidad. «El acceso al agua debe ser considerado como un derecho básico, individual y colectivamente inalienable». Estas son las ideas básicas que el profesor Riccardo Petrella viene divulgando desde hace años. Economista, italiano establecido en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, ha trabajado como director durante 15 años del programa FAST de la Unión Europea y ha irrumpido con fuerza en el precario mercado de las conciencias para sensibilizar a la población mundial sobre el problema del agua, además de para razonar y dar cuerpo a todo un movimiento ciudadano global que debería luchar desde este mismo momento para evitar el agravamiento de una situación ya de por sí dramática.
Publicado por Icaria e Intermón Oxfam, el ensayo de Petrella El manifiesto del agua traza el panorama mundial en el que la necesidad de este recurso esencial puede causar problemas en apenas un par de décadas, si no se pone remedio, al doble de población que actualmente sufre su carencia. No escapan a su análisis los obstáculos que los ‘señores del agua’ o los intereses privados ponen a las soluciones, orientando la tendencia hacia la privatización del agua, como si de un bien económico cualquiera se tratara. El Foro Mundial del Agua celebró el pasado marzo su tercera edición en Kyoto, y además de servir para reconocer la verdadera dimensión de la crisis, dio un modesto impulso a las bases de la que debería ser una política mundial del agua. Aunque la sensación que deja el enésimo encuentro global para buscar salida a la «crisis del agua», anunciada desde hace veinte años, es que los estados no están por la labor de caminar hacia una autoridad mundial que abordara los factores fundamentales del problema: distribución desigual de los recursos hídricos, contaminación, etc. Las necesidades de financiación de las instancias públicas que en cada realidad local tienen que hacer frente a la infraestructura que atienda a las poblaciones más afectadas por la escasez, son también determinantes del agravamiento de la situación.
A pesar de las cuantiosas inversiones auspiciadas por instituciones internacionales para la consecución de un acceso universal al agua potable, los esfuerzos deberán ser muy superiores en las próximas décadas si se quiere alcanzar ese objetivo de reducir a la mitad en 2015 las penurias actuales. Todos sabemos, además, cuál es la primera barrera: el subdesarrollo. El agua como derecho básico, cuyo abastecimiento no demasiado gravoso debieran garantizar los poderes públicos locales, requiere un importante flujo financiero que subsane el déficit de infraestructuras de saneamiento y depuración de los principales núcleos de pobreza. Una justa redistribución global entre países serviría para establecer una corresponsabilidad a la hora de cumplir con la adecuada administración del agua como patrimonio común de la humanidad, pero también jugaría un papel de incentivo a la cooperación frente a la fuente de conflictos presentes y futuros -los más graves, entre estados- que el problema del agua puede representar si no se ataja de raíz, como sostiene Petrella. Las inversiones que no llegan se unen a las dificultades de una situación nada halagüeña en muchos puntos del planeta: aumento descontrolado de la población, cambio climático, creciente contaminación o sobreexplotación de los recursos hídricos, etc.
La iniciativa pública debe primar, siempre que se consideren realmente prioritarias las políticas de solidaridad y el control de los ciudadanos sobre un bien esencial, frente a la influencia de las grandes empresas del sector que presionan a favor de la privatización. Aunque la prevención hacia los intereses ‘nacionales’ es también necesaria en muchos casos: la tendencia de los gobiernos a ejecutar grandes obras de infraestructura, que enseñan como muestras de poder, es ciertamente preocupante. La mayor presa del mundo es la llamada presa de las Tres Gargantas, que se está construyendo, desde hace diez años, en el río Yangtsé. Es el ejemplo perfecto de proyecto faraónico, destinado a controlar las aguas del gran río de China, con el que han soñado dirigentes de varias generaciones. Pero los riesgos de obras de tal magnitud, amén de la cuestionable eficacia de la construcción de grandes presas, colocan muchos interrogantes a esta política de inversiones. Dos millones de personas van a verse desplazadas por la inundación de 632 kilómetros en esta región china. Los costes sociales, ambientales y económicos se suman a la pérdida de decenas de ciudades y más de mil poblaciones con su riqueza particular; el desastre ecológico que se vislumbra podría ser el mayor vivido en el país.