Bolivia y la identidad de los pueblos

Ocurre que no tenemos conciencia, fuera de América Latina, de la conjunción de factores que en esos países hace posible, todavía, una solución revolucionaria para la brecha que separa a unas masas depauperadas de la élite de poder que gobierna sus estados. Creo que, por fortuna, muchas de estas sociedades -con Brasil como caso paradigmático- han logrado abrir un resquicio de reformismo social en la política tradicionalmente volcada al mantenimiento de las condiciones de acumulación de riqueza de la oligarquía, lo cual permite que todos los esfuerzos de lucha contra la desigualdad se canalicen a través de las instituciones democráticas que garantizan la convivencia. En un entorno global que evidentemente les es hostil, las naciones que buscan un desarrollo autónomo en América Latina pueden mirarse en el espejo de los modelos democráticos que, conseguida la independencia del Estado de las presiones externas y de los deseos particulares de la élite gobernante, son capaces de realizar reformas sociales y de lucha contra la pobreza sin necesidad de amenazar al mundo con el espectro de la revolución pendiente. Algunos países, como Bolivia, aún albergan todas las condiciones para pensar que la vía de la revolución es la única que devolverá el gobierno al pueblo. Esta circunstancia no cabe en la cabeza de un europeo, a no ser que cultive la afición al revolucionarismo de salón, puesto que -a pesar de los golpes y contragolpes- en la actualidad los regímenes democráticos estaban en vías de consolidación. Aunque cada vez sorprenden menos las crisis políticas con tintes subversivos -en Venezuela o Ecuador- que llevan el cambio a los gobiernos.

Bolivia, en apariencia, también ha proporcionado otro caso de transición de un gobierno contundentemente contestado por el pueblo a una situación en la que el poder tendrá que someterse a la palabra expresada por unos ciudadanos al límite de la desesperación. La revuelta popular que ha terminado con la salida de la presidencia de Sánchez de Lozada, y que tuvo como consecuencia un reguero de muertos por actuaciones salvajes del ejército, no fue el inicio de una revolución, pero poco le faltó. El motivo aducido era la venta del gas para la exportación a través de un puerto chileno, que se pretendía realizar mediante un acuerdo de la empresa energética nacional con transnacionales -como Repsol YPF- y que a ojos de muchos era injusto y perjudicial para los intereses de los bolivianos. No creo que Bolivia deba cerrarse a la exportación del gas; lo más razonable es que se renegocie la explotación de este recurso, del que se deberá beneficiar todo el país. Condiciones abusivas en las operaciones de exportación de materias primas no significan sólo un expolio de la riqueza del país, sino una deslegitimación del gobierno que no atiende a la voluntad de los ciudadanos. La protesta iniciada por pequeños comerciantes, a los que se sumaron los sindicalistas, los estudiantes, el colectivo indígena y el de campesinos cocaleros, no es desde esta perspectiva el inicio de un proceso revolucionario, sino la reivindicación de la propia soberanía nacional, en conflicto desde el mismo momento en que los gobernantes dejan de representar al pueblo. Un pueblo que, en esta ocasión, sufre el ser el más pobre de Sudamérica, con desigualdades sociales que ningún gobierno ha intentado atajar.

La conservación de las democracias en América Latina pasa por el, cada vez más evidente, giro hacia la reducción de la pobreza como prioridad de los gobiernos apoyados mayoritariamente por el pueblo. Cuando una clase política desprestigiada se permite el lujo de faltar a sus promesas de justicia social, los ciudadanos están en el derecho de pedir la revocación del mandato dado a un gobierno en las elecciones. Es la democracia sometida a prueba, como argumenta Sergio Ramírez: «El mecanismo se dispara a la brava en las calles porque el sistema democrático no ha sido capaz de resolver su mayor imperfección, que es la imposibilidad de crear un modelo de convivencia equitativa, más allá del simple pero fundamental derecho de elegir». Y la mayor virtud en el caso de Bolivia es que la contestación haya dado lugar a una solución por la vía institucional, con la investidura del sucesor legal del presidente huido de su cargo -su vicepresidente, Carlos Mesa- para encabezar un nuevo gobierno que se ha comprometido a consultar en referéndum la cuestión del gas boliviano y a propiciar un consenso constituyente que incluya a todos los sectores sociales. Es imprescindible recomponer la identidad de la nación y su vínculo con el Estado. Porque es la cuestión esencial, según apunta Manuel Castells: un pueblo como el boliviano, con una diversidad de identidades, busca su lugar en el mundo a través del control de sus propias decisiones. Construir el sentido de quién se es mediante la identidad del pueblo como colectividad nacional que logra su sitio en la globalización. Lo cual lleva a navegar entre la disgregación -por el fundamentalismo comunitario derivado de culturalismos indígenas diferenciadores- y la supeditación a los mercados internacionales. Con un objetivo: crear una identidad que dé existencia a la nación, a la colectividad que engloba a todos en igualdad y sin exclusión.