Da la sensación de que, hasta este momento, defendíamos cuantos planteamientos teóricos sobre el poder de la tecnología y su aprovechamiento ciudadano a través de las redes se han venido realizando en los últimos años aunque no nos los creyéramos del todo. Sin embargo, cuatro días de marzo en España han bastado para proporcionarnos la experiencia práctica y real de que, en efecto, los avances tecnológicos están al servicio de la ciudadanía. Más aún: a partir de hoy, la política no podrá ignorar la nueva arquitectura del escenario público que internet, los móviles y los satélites han contribuido a edificar. Tras los trágicos atentados del día 11 en Madrid, la gestión de la información iba a convertirse en cuestión crucial para el rumbo que una sociedad golpeada por el terrorismo, y desconcertada por las inexplicables causas de tal agresión, debía tomar. Tres días después los ciudadanos debían votar en unas elecciones que ya se presentaban bastante inciertas a priori. El Gobierno tenía en su mano utilizar la información para dirigirla hacia la autoría de ETA, en un principio, o hacia un mar de confusión, poco después, con el objetivo de controlar el estado de opinión previo a las elecciones y hacerlo favorable a sus intereses partidistas. Se olvidaron de nuestros muertos y únicamente pensaron en impedir que su guerra saltara a primer plano.
Pero los gobernantes no sólo tuvieron esta tentación, sino que empañaron su labor de comunicación de los progresos en las investigaciones policiales con conjeturas, opiniones y descalificaciones orientadas a hacer creer que el terrorismo de ETA tenía que estar por fuerza tras los atentados y que quien disintiera actuaba de mala fe. La manipulación que se evidenciaba tras este modo de actuar quedó a la vista de todos cuando se demuestra que terroristas vinculados a Al Qaeda son los autores de la masacre. Ya no sólo se le pueden reprochar al Gobierno errores en la gestión de la información; también se presiente que la mala fe no estaba en quien cuestionaba la versión oficial, sino en el partido que quería acudir a las elecciones con un panorama viciado por una manipulación informativa. Sin embargo, hubiera sido difícil que el Gobierno hiciera valer su poder y su influencia y se resistiera a informar debidamente de todos los indicios que apuntaran hacia la verdadera autoría del 11-M. Existía una demanda popular, que quedó patente en las multitudinarias manifestaciones de la tarde del día 12, y los ciudadanos disponíamos de canales de información que contradecían las certezas del Ejecutivo y que desafiaban la hegemonía mediática progubernamental: entra en escena internet.
Son medios europeos y norteamericanos los primeros que orientan las sospechas hacia Al Qaeda. En España, algunos siguen esa posibilidad en busca de datos que en apenas 24 horas harían tambalear la opinión mantenida interesadamente por el Gobierno. La información, accesible e inmediata, que se obtiene en internet provoca un cambio en la percepción de la mayoría de los ciudadanos: nos podrían estar mintiendo. El sábado 13, gracias a la tecnología, nadie se sintió preso de la información que se suministraba desde el poder. Quizás por vez primera los gobernados vieron cómo llegaba la información a sus pantallas antes de que sus gobernantes reaccionaran. No era posible, por mucho empeño que le hubieran puesto, engañar a nadie más. La única jerarquía que quedaba en pie, la de la credibilidad, también se vino abajo con la irresponsable gestión de la crisis. El Gobierno no pudo evitar que las mentiras de toda una legislatura saltaran a primer plano un día antes de las elecciones. El partido en el poder mostró nerviosismo cuando en la tarde del sábado concentraciones espontáneas, sin convocantes más allá de unos miles de mensajes de móviles, se produjeron frente a sus sedes. Los ciudadanos querían demostrar que ningún gobierno se puede permitir ya engañarlos; lo hicieron el domingo, con un castigo en las urnas a la mentira como forma de gobernar.