La regulación antitabaco

Alrededor del consumo de tabaco se ha generado un apasionado debate sobre sus efectos y sus razones. En la discusión no faltan, como es lógico, las consideraciones éticas. Es evidente que el tabaco no es un producto inocuo: sus consecuencias afectan a demasiados aspectos de la salud pública y la calidad ambiental, y en consecuencia se justifica plenamente una atención especial. Se puede decir que la batalla principal la vienen librando las autoridades gubernamentales y los fumadores más predispuestos a defender sus hábitos frente a la intervención estatal. Los objetivos de los gobiernos se resumen en la protección de los ciudadanos del uso de un producto objetivamente dañino. El cerco legal y fiscal al que se somete es coherente con los objetivos. El tabaco, sin embargo, no es prohibido como sí ocurre con otras drogas. El error está en el prohibicionismo aplicado a esos otros productos. Porque si se prohibiera también el tabaco, no se estaría sino estimulando su consumo.

Es viejo el mecanismo de la seducción de lo prohibido. Hay autores, como el español Jovellanos, que ya establecieron que se contribuye a aumentar el capricho de estimar lo preciado de un producto con la prohibición del mismo. Pero entre la prohibición y la libertad irrestricta hay un margen de legítima regulación en el que las autoridades se mueven para conseguir un marco óptimo del consumo de tabaco. Ocurre además que el consumo es adicción en la mayor parte de los casos: la sanidad pública tiene que ocuparse de los efectos sobre la salud de los fumadores sin olvidarse de las difíciles tareas de prevención. No hay nada más conflictivo que un esfuerzo continuado por advertir de los riesgos de cierta actividad a un sector de población que en gran medida hace oídos sordos. El Estado puede terminar pareciendo que impone una moralidad cuando intenta dirigir los hábitos de los ciudadanos en función de criterios estrictamente sanitarios. Es el peligro de intervenir en aspectos tan delicados.

A pesar de todo, en los últimos tiempos hay un cierto consenso en la estrategia antitabaco. Los perjuicios de fumar en lugares públicos no repercuten únicamente en quien decide cargarse sus pulmones: está el mal indirecto producido a los fumadores pasivos. La controversia mayor se establece en la definición de los límites. ¿Dónde termina la libertad del fumador y empieza el derecho a la salud de quienes padecen sus costumbres? La regulación antitabaco es necesaria, aunque los empecinados defensores de una pretendida tolerancia que se les debe a los fumadores piensen lo contrario y denuncien la supuesta ‘cruzada’ contra ellos. El problema vendrá siempre de la determinación de a qué lugares públicos se extiende la prohibición de fumar. Porque, lógicamente, nunca se prohibirá fumar, pero «no aquí»: esa es la lección que algunos fumadores quizás no han aprendido. Los espacios libres de humos deben ir en aumento, pues no se entiende que con el tiempo no vaya a menos una adicción tan molesta como el tabaco.