En la Unión Europea, se contempla la inmigración desde hace años como un problema. En cierto sentido lo es. Pero no en tanto fenómeno demográfico, pues la inmigración es considerada desde una perspectiva social y económica como una oportunidad, sino en tanto elemento de la agenda política que provoca verdaderos quebraderos de cabeza a las autoridades. El origen del problema inmigratorio es precisamente la política de inmigración. En los últimos años se ha sido incapaz de adecuar las regulaciones a los flujos de personas que llegan desde el exterior para satisfacer una demanda cierta de mano de obra. El legado político de esta gestión es el volumen elevado de inmigrantes no regularizados que viven de la economía sumergida, en un contexto de libre circulación a lo largo del territorio europeo y de fuerte asimetría entre los mercados laborales de cada país. Ocurre además que la política de extranjería es competencia de cada estado, sin que la necesidad de coordinación entre los mismos haya derivado aún en una base normativa sólida que permita una política única en toda la UE. Esta dificultad ha hecho posible, en cambio, que algunos estados se sientan concernidos por las decisiones tomadas por otro país miembro. Así, varios gobiernos se han alarmado por las consecuencias de la regularización de inmigrantes emprendida por España. Han juzgado la decisión desde la óptica de sus opiniones públicas, sin pararse a pensar que se trata de la única política sensata que puede llevar a cabo el gobierno español.
La regularización busca sacar a flote puestos de trabajo que se mantienen en la ilegalidad. La concesión de permisos está vinculada al arraigo y al establecimiento de un contrato con un empleador que acepte la regularización. Muchos están consiguiendo el resultado esperado, sumándose a la situación de la mayoría de inmigrantes con papeles, lo que confirma la oportunidad de esta herramienta para cercar los casos de economía sumergida. Sin esta vía de legalización de las relaciones laborales ya existentes, todos los extranjeros en situación irregular sin excepción estarían condenados a mantenerse en el mercado sumergido. El verdadero problema es que no se conseguirá que todos los empleadores regularicen a sus trabajadores. Sin derechos y sin amparo legal, las personas que forman ese ejército de inmigración que trabaja para la economía informal van a continuar en condiciones laborales de explotación. Las regularizaciones periódicas reciben críticas a cuenta del conocido como ‘efecto llamada’. Pero la realidad es otra bien distinta: el efecto que producen es el de incentivo a la legalización de una situación que ningún gobierno logra controlar. La economía sumergida o informal seguirá comprendiendo, en cualquier caso, a una buena parte de la renta, más del 20% del PIB español según algunas estimaciones. El auténtico ‘efecto llamada’ no es otro que la generación de riqueza. Todos los países desarrollados son destino de inmigrantes por las oportunidades de trabajo que ofrecen, tanto en empleos regulares como irregulares.
La concesión de permisos de residencia no es el factor determinante de la inmigración, en la medida en que antes lo que se precisa es un trabajo. El objetivo de las autoridades que pretendan crear un marco legal razonable para la inmigración debe ser atraer a la legalidad a todos los extranjeros que trabajen en el país y, más concretamente, como parece lógico, a sus empleadores. Terminar con la inmigración irregular está indisolublemente asociado a la lucha contra la economía sumergida. Nadie puede creer factible aplicar recetas policiales que tendrían que consistir en la expulsión de cientos de miles de inmigrantes. El control de fronteras es inevitable, pero la realidad es que se necesita inmigración para que siga funcionando la economía. La política de regularizaciones ha de ser todo lo flexible que haga falta para evitar estrangulamientos que no favorecen el buen desarrollo de la convivencia en una sociedad que, en muy poco tiempo, ha visto emerger el fenómeno de la inmigración. Las críticas que advierten de consecuencias dramáticas en cada nueva regularización extienden el temor a que el gobierno no ejerza un control sobre la inmigración, cuando lo que ocurre es justamente que las malas políticas de inmigración, revestidas de seriedad y efectividad en el control, son las causantes del actual volumen de inmigrantes en situación irregular. Los problemas de la inmigración se resuelven cuando se regulariza y normaliza el fenómeno con flexibilidad y sensatez. Y no cuando se deja crecer la bolsa de irregulares en beneficio de la explotación sumergida.