Los sueldos de los directivos representan una aceptable medida de la equidad distributiva en las empresas. Constituyen indudablemente un indicador de la justicia en el reparto salarial, porque el hecho de que sean altos no justifica para la mayoría que se disparen de forma escandalosa. Cuando la presión sobre los sueldos que reciben los trabajadores situados en la escala salarial más baja aumenta, no se comprende la exhibición de abultados emolumentos para los administradores de la empresa. No se trata de cuestionar la remuneración de cargos que requieren mayor cualificación profesional y asumen más responsabilidad en una organización: la economía de mercado funciona porque existen estímulos al esfuerzo individual y recompensas al éxito. Sería demagógico perseguir una igualación en un aspecto en el que sencillamente actúa una ley de premio al beneficio. Pero los sueldos de los altos directivos deben ser sometidos también a unos criterios de justicia según creamos justa una determinada organización de la sociedad. De lo que se trata es de ver a partir de qué punto unos sueldos aceptables se convierten en unos sueldazos que causan escándalo. El exceso en la remuneración de los directivos de una empresa no afecta únicamente a una opinión pública que pudiera considerar esta circunstancia un abuso de quienes están al mando del poder económico: es incumbencia de los accionistas, sin duda, que en muchas ocasiones no pueden saber si los gerentes están aprovechando su situación para otorgarse grandes sueldos en detrimento de la empresa.
La filosofía que sostiene la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), a la que se está prestando tanta atención en los últimos tiempos, no descuida el compromiso con la transparencia. Entre las exigencias de buen gobierno que deben atender las empresas para mejorar su imagen ante los mercados financieros se encuentra la publicación de los sueldos de sus directivos. Este requisito está pasando de los manuales de buenas prácticas a la regulación legal, como demuestra el último proyecto del gobierno alemán. El Ejecutivo federal ha presentado una ley que aprobará próximamente el Parlamento, con mayoría de la coalición rojiverde, en la que se establece la obligatoriedad para las empresas que cotizan en bolsa de publicar los sueldos de sus máximos consejeros de forma individualizada. Este tipo de legislación es habitual en países de capitalismo anglosajón, en los que la máxima es facilitar el control de los administradores de las principales corporaciones por parte de accionistas y mercados. En Alemania, sin embargo, el contexto en el que surje esta ley apunta más a la necesidad de reprobar socialmente a algunos directivos con altos sueldos: actualmente se repiten fuertes críticas a las grandes empresas que pese a obtener importantes beneficios prescinden de miles de empleos. El directivo irresponsable socialmente puede quedar a la vista de todos, por culpa de la transparencia y la RSC, como un sinvergüenza que pone a gente en la calle al mismo tiempo que se sube el sueldo.
Mantener unos niveles aceptables de equidad en el abanico salarial debe seguir siendo un objetivo social. En los últimos tiempos, las posibilidades de remuneración de los directivos se han ampliado con instrumentos como las opciones sobre acciones. La distancia entre el empleado que menos recibe y la cúpula de la empresa se ha ampliado espectacularmente. Hace pocas semanas, escandalizaba en Francia el anuncio de que el director saliente de Carrefour cobraría 38 millones de euros a modo de indemnización. Pero en España hemos visto la trayectoria judicial de un caso similar y protagonizado nada menos que por el presidente del primer banco, el Grupo Santander. Botín ha sido juzgado por unas indemnizaciones multimillonarias pagadas a dos de sus directivos, pagos que por su exagerado importe fueron calificados de apropiación indebida y administración desleal. Finalmente, el banquero ha obtenido la sentencia de absolución al encontrar los jueces que las indemnizaciones se correspondían con la responsabilidad asumida. Casi nadie puede compartir esta sentencia, que avala los 108 millones que recibirá el anterior copresidente del banco, pero poco parece importar a los gerentes de las empresas. Siempre que no exista un control suficiente, los directivos con poder para subirse el sueldo tendrán como objetivo prioritario su propio bienestar. Legitimando la actuación de los amigos de los sueldazos, se está dando a los administradores el poder de libre disposición del dinero de los accionistas.