El mensaje de los suburbios franceses

Los incidentes en París comenzaron una noche y aún no han podido ser contenidos. Las principales ciudades de Francia se acostumbran a los disturbios que dejan imágenes de llamas y a unas autoridades desbordadas por los acontecimientos. Miles de coches quemados, edificios públicos incendiados y ataques a comercios son el resultado de una ola de violencia en las calles que el ministro Sarkozy, al mando de la policía, atribuyó a la ‘chusma’, identificando a los autores con el entorno social al que pertenecen. Los amotinados se reparten por todo el país, viven en suburbios marginados del resto de la población y encontraron en el desprecio gubernamental una razón para continuar la protesta. Con la violencia buscan transmitir un mensaje desde su situación de exclusión, como portavoces de unos barrios olvidados por los dirigentes políticos. Los jóvenes se enfrentan a la policía: el problema deja atónito a todo el continente europeo por inesperado. El gobierno francés trata de responder con una doble oferta, mantenimiento del orden público y promesas de políticas sociales. Para lo primero se sienten incapaces y se declaran toques de queda. Lo segundo es una mano tendida a los protagonistas de unos disturbios, injustificables como toda violencia, que están señalando una grave situación que había pasado desapercibida a ojos de muchos.

Los rebeldes de los suburbios franceses son de origen inmigrante. La mayoría de segunda y de tercera generación, lo que significa que son ciudadanos de Francia a todos los efectos. Pero por encima de todo son excluidos de una sociedad que no ha terminado de asumir el papel de los que vienen de fuera. La inmigración de hace quince, veinte o treinta años llegó de África como mano de obra; después serían familias que no regresarían a su país porque su país iba a ser desde ese momento aquel en el que habían encontrado trabajo. Ahora estos hijos de magrebíes y subsaharianos son franceses que no encuentran un empleo como el de sus padres. El ministro de Interior amenaza con la expulsión a su país de origen de los detenidos por los actos de violencia. ¿No se ha dado cuenta de que la mayoría son ciudadanos franceses? La integración de los inmigrantes está en duda en toda Europa. Tanto discutir sobre modelos de integración y multiculturalidad, y resulta que el problema estalla de forma inesperada en los guetos donde viven inmigrantes pobres. ¿Ninguno de los expertos que asesoran a los gobiernos se percató de la bomba de relojería que supone la marginalidad cuando afecta a una población que viene de fuera y no encuentra motivos para integrarse? La falta de oportunidades es la mecha de un descontento que se manifiesta de forma brutal en las calles.

En general, está costando entender lo ocurrido: los hechos hacen aumentar la preocupación por la inmigración como problema. El verdadero problema no es que lleguen inmigrantes sino su integración. Es algo que debe ocupar a todos los países europeos y no sólo a Francia. La sociedad ha de ser consciente de qué se hace mal para que los marginados vean cerradas todas las puertas. El ascenso social no funciona si a los que provienen de familia inmigrante se les discrimina y excluye de ámbitos de poder. Quien ha adquirido la ciudadanía gozará de la garantía plena de sus derechos fundamentales, pero quizás se le usurpe el derecho a la identidad: a unir en un mismo sentimiento su origen y su condición de nacional de un país europeo. Los derechos de los extranjeros que llegan con o sin papeles siguen siendo un caballo de batalla. Sin embargo, en el terreno de reafirmar la pertenencia, mediante los derechos políticos y sociales, de los nacionales de origen inmigrante, no deberían existir dudas. Si se ignoran estos derechos, los ciudadanos de los suburbios franceses no tendrán motivos para seguir creyendo que aquella es su nación y que el estado se preocupa por ellos. La exclusión social de raíz económica y laboral se une, de esta manera, a una grave exclusión de su sentimiento de ciudadanía.