La profundidad de la crisis financiera que afecta a la eurozona es algo que no supieron prever ni economistas ni políticos europeos. Pero lo peor es que la evolución de los acontecimientos ha dejado en evidencia no sólo la incapacidad para anticiparse a los problemas, sino la falta de cintura política para armar una arquitectura institucional coherente para vacunarnos ante estas crisis. Los mercados financieros actúan de manera especulativa cuando ponen en cuestión las finanzas públicas de los países periféricos, pero son previsibles. Justo lo contrario de los gobiernos europeos que proponen continuos parches a un sistema de estabilidad financiera sin tener claros los pasos que hay que dar en la integración de la eurozona. El último y dramático episodio de esta improvisación permanente es la petición de España de ayuda para su sector bancario, de un lado interpretada como un semirescate que permite al gobierno español disponer de fondos sin aumentar la intervención con una vuelta de tuerca más en el plan de austeridad, y de otro considerada el estigma que convierte a España en un país necesitado de ayuda exterior, como Grecia, Irlanda y Portugal, un país condenado por los excesos de su burbuja inmobiliaria.
El pecado original de la crisis del sistema financiero español es similar al de los países que han sufrido una severa corrección por el afloramiento de los llamados activos tóxicos, como EEUU, Irlanda o Reino Unido. Los mismos análisis que se hacían en 2008 para las hipotecas ‘subprime’ han sido aplicados en el caso de España para los préstamos a promotores inmobiliarios. Y la penosa diferencia entre un caso y otro la marcan los cuatro años transcurridos: un tiempo durante el que no se quiso reconocer la gravedad del estallido de la burbuja y sus consecuencias sobre los bancos y las cajas de ahorro. Son éstas últimas las que han acometido una profunda reestructuración en este tiempo, pero al final del camino el gobierno español se encuentra con dos cajas intervenidas hace casi un año y un banco cotizado que nace de la fusión de siete cajas, Bankia, que ya es demasiado grande para caer y tiene que ser nacionalizado mediante la conversión de deuda del FROB en capital. Si la credibilidad del gobierno español nunca ha sido mucha cuando defendía la solvencia de sus bancos, el espectáculo de imprevisión de las sucesivas reformas financieras de los últimos meses ha llevado a España a los pies de los caballos. Las presiones simultáneas del mercado de deuda, con la prima de riesgo en niveles directamente irracionales, y de la propia Alemania obligan a este semirescate de 100.000 millones de los países de la eurozona, que se trata de vestir de préstamo muy ventajoso para sanear la banca española. En realidad es el reconocimiento de que la reestructuración de la deuda privada española, vía necesidades de capital de los bancos, sobrepasa la capacidad del gobierno y el aguante de la sufrida ciudadanía.
Hablando en plata: el agujero de los balances del sector bancario precisa de aportaciones de capital público mucho más comprometidas que los préstamos de emergencia que se han venido haciendo en varios países desde el momento en que estalló la crisis de las ‘subprime’. En parte habrá que poner dinero a fondo perdido. La incertidumbre sobre el impacto de la burbuja sería capaz de llevar a la quiebra a las entidades que no recibieran ayudas para sanearse. Hacer uso, como se pretende, de un fondo europeo sin la condicionalidad en las políticas económicas que han sufrido los países europeos rescatados anteriormente es el mejor escenario posible para España, habida cuenta de que no hay voluntad de integrar el sistema bancario mutualizando los riesgos. El objetivo trazado es que se estrene para España el fondo de estabilidad ESM, la segunda generación tras el ESFS empleado en anteriores rescates. Pero la solución es, como viene siendo habitual, corta de miras: aumenta plazos para la devolución de los fondos dispuestos y aplica un margen de seguridad amplio respecto a las necesidades previstas, que apenas alcanzarían los 40.000 millones según el informe del FMI, pero coloca de nuevo el aval del propio gobierno español como último recurso para el retorno de esta financiación tras el saneamiento de los bancos. El coste de esta operación puede acercar el monto de la deuda española al 95% del PIB y dañar las cuentas públicas por el lado del déficit, más aún si el FROB se ve obligado a ayudar a las entidades vía aportación de capital como ha ocurrido en Bankia. La negativa a prestar directamente a los bancos rescatados coloca de nuevo al tesoro público en el centro del huracán. Veremos si el efecto cortafuegos que se pretende con el rescate europeo, aislando la patata caliente del sistema bancario español y aumentando la supervisión comunitaria sobre el mismo, no queda neutralizado por la contaminación ya irremediable entre gobierno y bancos.
La prima de riesgo que está pagando España en las emisiones de deuda es un impuesto cuya contrapartida es la barra libre de la que goza el bono alemán. A cambio, el rescate del sistema bancario español se aprueba sin nuevas condiciones de ajuste sobre el presupuesto público. Si las medidas de intervención de la economía española no van a ser incrementadas, esto quiere decir que las que ya existen son suficientes. El control de las cuentas públicas será más exhaustivo, de eso no cabe duda. Y la política de recortes va a continuar: lo mismo da que se haya aplicado sobre variables del estado del bienestar que sobre partidas estratégicas como la educación. Que no haya condicionalidad no significa que el Eurogrupo no pueda exigir un cumplimiento más estricto del ajuste presupuestario ya comprometido. Para endulzar un poco la digestión del rescate, se prevé también un cambio en las llamadas políticas de crecimiento. Sin embargo, el coste mayor que se pone de manifiesto es que estos mecanismos pongan en marcha un programa de estabilidad sin que los futuros riesgos sean compartidos. La integración europea está secuestrada por un grupo de políticos que antepone el interés nacional cada vez que la UE debe dar un paso. El rescate español es un ejemplo más de ayuda en la que el mayor esfuerzo vendrá de la mano del que la recibe. El gobierno español asume con todas las consecuencias una cura de adelgazamiento para tapar el agujero que ha dejado la burbuja inmobiliaria en el sector privado, metiendo en su balance un incremento de hasta 100.000 millones de deuda exterior. La duda mayor está en los efectos sobre la financiación del tesoro en los mercados, lo que dictaminará al menos la oportunidad de la medida. Midiendo el coste de la socialización de pérdidas privadas que se producirá, queda bastante claro, pues, quién pagará el rescate.
Interesante análisis. Gracias.