Se ha hablado y escrito mucho sobre materias sensibles desde lo ocurrido en España el pasado 11 de marzo: el impacto emocional de los atentados terroristas sobre la decisión de los electores, la credibilidad del Gobierno saliente durante la gestión de la crisis, el juicio que los ciudadanos han realizado sobre la conveniencia de cambiar de partido en el Gobierno en las elecciones del día 14. Todo ello es materia sensible porque está al albur de la especulación teórica sobre qué factores han movido los acontecimientos durante esos cuatro días de marzo para que ahora tengamos un nuevo presidente, Rodríguez Zapatero, y la posibilidad al alcance de la mano del inicio de una nueva etapa en el panorama internacional. Si dejamos al margen la interpretación indecente de los resultados, en el sentido de que Al Qaeda ha ganado las elecciones y la doctrina del apaciguamiento ha triunfado, el punto de vista más extendido apunta al castigo en las urnas al partido y al presidente que dirigió a todo un país hacia la guerra emprendida por Bush en Irak con una inmensa mayoría de la opinión pública en contra. Qué sería, entonces, sino una lección de democracia el retirar la confianza a los gobernantes que contravinieron la voluntad del pueblo en una cuestión tan importante de la política exterior.
Se ha querido imponer la idea contraria: el vuelco en las elecciones está motivado por un voto del miedo. En tal caso, relativizando la importancia de la autoría de los atentados, el resultado habría sido un voto más conservador, con más apoyo al partido en el Gobierno que a su alternativa. Los intentos de manipulación en los dos días previos a la cita con las urnas fueron, por contra, mucho más determinantes que los atentados en sí. Una mentira del Gobierno suponía una última gota que colmara el vaso de la paciencia de muchos electores habitualmente abstencionistas. El voto de castigo tuvo en cuenta esta circunstancia, pero también lo ocurrido un año atrás. La guerra de Irak generó una oposición importante en la mayoría de países de Europa. Muchos expertos en demoscopia diagnosticaron que el efecto de esta iniciativa impopular ya estaba amortizado y no les daría nuevos disgustos a los gobernantes que nos involucraron en la guerra. Se equivocaron: aunque hizo falta, trágicamente, una demostración brutal de terrorismo islamista en nuestra propia casa para que despertara, el voto en contra del desastre que trajo consigo el trío de las Azores estaba agazapado a la espera de manifestarse. Y apareció, el 14 de marzo, para que Aznar no se fuera de la política sin conocer de nuevo el rechazo hacia la deriva belicista de su último mandato.
Tenía que producirse. No habría sido fácil explicarse, con las teorías convencionales sobre la democracia, que un Gobierno que se echa a la opinión pública en su contra termine no pagando electoralmente una muestra tal de arrogancia. El Partido Popular se presentó en la campaña diciendo que la guerra no era un asunto que interesara realmente a los ciudadanos, que la política exterior no importaba a nadie. Interpretar unas elecciones en clave economicista nos lleva a que los ciudadanos sólo voten en función de su interés material. ¿Por qué no iban a votar al PP si la economía va bien? Se olvidaron de que, a pesar de todo, los valores cuentan. Los electores han demostrado que los principios son valorados por encima del disparatado rumbo de un presidente que se somete al vasallaje del inquilino de turno de la Casa Blanca. La política exterior cuenta, y tiene que ser juzgada en las urnas. Con el 11-M percibimos de golpe que no hay diferencias entre la política exterior y la política interior. Irak no está muy lejos: lo tenemos tan cerca como las cerca de doscientas víctimas mortales de Madrid. Si una guerra de agresión produce miles de muertos, a partir de ahora deberemos considerar que ese daño nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. No fuimos a votar pensando únicamente en nuestros muertos: en ellos estaba también el dolor compartido con las víctimas de una guerra injusta e ilegal.