El sistema financiero está resultando muy dañado por el impacto de la crisis que azota a las principales economías desarrolladas, pero no está nada claro que la estructura bancaria vaya a cambiar sustancialmente cuando amaine la tempestad. Algunos bancos han quebrado, otros han sido absorbidos por los nuevos gigantes del sector y en otros han entrado los gobiernos como accionistas mayoritarios. Sin embargo, el papel que juega cada institución en el mercado seguirá siendo el mismo. Quizás los únicos que verán fiscalizado su comportamiento durante la crisis serán los bancos centrales. Porque se alzarán voces que pidan una revisión de sus funciones en la medida en que se considere que la política de tipos bajos fue el origen de la última burbuja. El epicentro del terremoto se localizó en el sector inmobiliario, que vivió una etapa de expansión irracional hasta el derrumbe de las expectativas de revalorización infinita que lo sustentaban. Pero convertir la vivienda en un activo de inversión no tuvo un único culpable: las entidades financieras, los inversores y las compañías inmobiliarias contribuyeron a inflar la burbuja del ladrillo. El pecado de los bancos fue actuar como si no existieran riesgos. La combinación de apalancamiento en la inversión y derivados financieros de dudoso crédito ha sido explosiva, pero la estructura del sistema bancario no variará mucho más allá de lo que supone la caída de un modelo, el de los bancos de inversión, encarnado en entidades como Lehman Brothers.
Los bancos estarán de nuevo en el centro de la polémica cuando se forme la próxima burbuja, y el sistema financiero en su conjunto no resistirá otra tormenta como la desatada por la crisis de las hipotecas bajo la acusación de actuar sin ningún control. Los gobiernos coinciden en la receta de la regulación, pero poco se puede decir de la efectividad de esta promesa. Regular puede significar implantar un mejor sistema de vigilancia de la solvencia del sistema financiero, en lógica contrapartida a los planes de rescate gubernamentales, pero la máxima del libre mercado impide que se intervenga en actuaciones cuyo control recae en los clientes y en los accionistas, aun cuando en ocasiones éstos son incapaces de detectar un comportamiento irresponsable de las entidades. ¿Quién decide dónde invertir el ahorro canalizado por el sistema bancario? Esa es la pregunta básica, junto a la cuestión de si el estado sería capaz de hacerlo mejor que lo hacen los directivos de los bancos y los propios inversores. El endeudamiento público es necesario en estos momentos para que la intervención estatal sirva al objetivo de la recuperación económica. Pero ¿cuál es el criterio de los gobiernos? En ocasiones actúan donde el sector bancario no llega por la crisis de confianza, y en otras intervienen en sectores que piden un rescate aunque no sean viables. El estado no siempre acierta en el destino de los fondos, y la actual crisis puede suponer una nueva oportunidad perdida para el impulso de sectores que apuntalen el crecimiento futuro.