Probablemente durante este año se materialice la mayor transformación en el sector de las cajas de ahorro en sus últimos cien años de historia. La crisis financiera que ha ido de la mano de la recesión sufrida por la economía española tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria presagiaba cambios sustantivos en las entidades de crédito, pero pocos preveían que el cambio de modelo que está ahora sobre la mesa tuviera posibilidades de prosperar. Las presiones de los mercados de deuda sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas han llevado al gobierno y al Banco de España a plantearse todas las opciones que incrementen la credibilidad de la economía española. Una de esas cartas involucra a las cajas de ahorro, en tanto que son las entidades más expuestas al crash inmobiliario y las únicas en el mercado local que no superan en su totalidad las pruebas de estrés. Tras un intenso proceso de concentración aún no culminado, la invención de la fusión fría a través de los SIP no va a ser la única reforma legal en la que se embarque el gobierno, pues la propuesta de privatización de las cajas tiene cada vez más partidarios gracias al lobby bancario que la defiende como medio para normalizar el sistema financiero español a ojos de los inversores internacionales.
Sin embargo, las propuestas encaminadas a fortalecer la solvencia de las cajas de ahorro no son unívocas. Todas coinciden en que la mayoría de las entidades fusionadas deben traspasar su negocio financiero a bancos de nueva creación, cuyos accionistas serán las propias cajas. Pero las cajas pueden o no perder su naturaleza jurídica en este salto, de lo que dependería su vocación de conservar una mayoría en las nuevas entidades, blindadas de este modo contra a una privatización total. El cambio de forma jurídica lleva consigo una importante pérdida de influencia de las élites políticas locales sobre las cajas; será interesante medir hasta donde llega esta necesaria despolitización. Del rumbo posterior que siga el acceso de las cajas a los mercados de capitales, medido en el porcentaje de las acciones vendidas a inversores privados, dependerá que esta transformación de las cajas en bancos sea un buen negocio para sus clientes, y los ciudadanos en general, o no. La solvencia que necesitan las entidades para sobrevivir puede conseguirse sin que se produzca una transacción inevitable de responsabilidad corporativa a cambio de privatización. Las cajas pueden tener un papel más allá de ser un segundo plato en el banquete de las concentraciones bancarias.